LA PENA DE MUERTE ES EL PROGRAMA APRO-FUJIMONTESINISTA

Perú
Alan García cumple sus promesas
Por: Raúl Wiener (Fecha publicación:17/01/2007)


Lo que los voceros del gobierno nos han querido transmitir en estos días es que el tema de las elecciones del primer semestre de este año, fue el de la pena de muerte. No era ni la pobreza del 50% de la población, ni la mala distribución de la riqueza, en medio del auge de las materias primas y las exportaciones; ni la Constitución de 1979 o la Asamblea Constituyente; ni el TLC, las AFP, la renta básica, las sobreganancias mineras, el agua para todos, los derechos laborales para que los trabajadores participen del crecimiento u otras cosas que creímos haber escuchado. En realidad de lo que estuvo hablando todo el tiempo el candidato bailarín es de fusilar violadores de menores y terroristas precoces antes que sea demasiado tarde, como punto de partida para construir una sociedad feliz. Vuelvan a estudiar lo que debatía con Humala en el Museo de Antropología de Pueblo Libre y el contenido de sus dos discursos en el Paseo de la República, para que vean que todo estaba clarísimo.

El cambio responsable quería decir cambio con pena de muerte. El gobierno de la concertación, porque nadie es mayoría en el Perú, significaba concertar con los que están por la pena de muerte (fujimorismo), y si esto equivale a pelearse con el resto entonces que muera la concertación. Eso de la clase política tradicional que se encuentra de espaldas al pueblo, es sobre pena de muerte. ¡Cómo iba a ser de otra manera! Lo que le queda al APRA de izquierda democrática es la pena de muerte. Y un largo etcétera. La clave para que García supere su gobierno anterior –que es su obsesión de todas las noches, antes de tomar sus pastillas-, es que esta vez haya pena de muerte. ¿Cómo fue que no nos dimos cuenta de que este punto era todo un programa de gobierno y estuvimos reclamándole por otros asuntos de menor cuantía?

Si García logra fusilar algún violador o terrorista, le perdonaremos su alianza con los ricos de Lourdes Flores a los que marcó durante la campaña. Le diremos que no importa si la Constitución es la del 79 o la del 93, porque para sacar la pena prohibida habrá tenido que violar las dos. Nos olvidaremos de la libre desafiliación de las AFP y seguiremos presos de sus nuevos amigos banqueros que son los dueños de estas instituciones que ganan plata con las jubilaciones. Comprenderemos que tampoco lo de la renta básica se pudo, porque los españoles nos hubieran enjuiciado internacionalmente. Nos contentaremos con un “aporte minero voluntario” que nadie ve, porque si poníamos impuestos nos hubieran enjuiciado internacionalmente y ya no vendría la inversión. La gente sin agua no se molestará con su presidente que viene a bailar con casaca a los arenales en pleno verano, porque sabe que este hombre está detrás de resolver lo de la pena de muerte y no tiene todavía tiempo para la promesa de dotar de agua a medio millón de personas en sus primeros seis meses. Dejaremos los derechos laborales para otro gobierno y continuaremos preguntándonos cuál es el papel de De Soto en el TLC.

Todo podrá ser tolerado si vemos que Alan García cumple su más importante promesa electoral, aquella por la que regresó de Francia, por la que pateó al señor Lora, por la que recurrió a la CIDH para conseguir la prescripción de sus delitos. Entonces será un modelo de político cumplidor en un país donde hay tanto político incumplido. Sí señor. Que AGP cumpla una promesa ya es bastante para justificar estos cinco años de gobierno. Imagínense todo el recorrido que queda por delante sobre este tema, los discursos que va a poder lanzar, las masas que reunirá gritando viva la pena de muerte. Haremos más votaciones en el Congreso. Plebiscitos. Desplantes a la CIDH. Seremos una sociedad dividida en torno a si el Estado puede matar legalmente o no.

Y además está el agregado de que esta discusión sobre la pena de muerte está definiendo a los fieles del presidente y a aquellos que integrarán la nueva clase política que gobernará hasta el 2011. Un caso es el de la maestra Cabanillas que ha descubierto que el artículo 32 de la Constitución que prohíbe el referéndum sobre derechos fundamentales, es “absolutamente parcial”, porque protege la vida del asesino y no del asesinado, lo que demuestra que ella también debió ir a la evaluación ya que no tiene ni idea que es el Estado quién debe proteger y hacer cumplir los derechos, y que cuando los violadores son elementos no estatales se les aplican los códigos de justicia. Las normas sobre derechos humanos existen para regular a los Estados. Pero lo que doña Meche está diciendo es que cómo el derecho a la vida es agraviado por los delincuentes, también el Estado debe poder agraviarlo. Como en el penal Castro-Castro, el Frontón y otros laboratorios recientes. Y, bueno, a su lado van Mulder, Velásquez Quesquén, Cuculiza, García Belaúnde, Rey, Martha Chávez, Chang y otros que nos están anunciando con sus puras caras las políticas que se vienen.

Así que la pena de muerte tiene muchos beneficios. Sobre todo que la gente no se va a estar preguntando sobre el tamaño de su salario o de su hambre; o sobre las riquezas que salen de las regiones y el país; o sobre los impuestos que no se cobran a la bolsa; ni sobre la crisis de la agricultura y el Agrobanco a punto de convertirse en banco de los exportadores como Chlimper y otros; o sobre la falta de inversión de desarrollo; etc. ¿Qué nos ofrece García a cambio de todo esto? Muy simple: pena de muerte.